El congresista Jota Pe Hernández pide que se declaren nulos los decretos que firmó el canciller Leyva, desde el 25 de enero hasta el 7 de febrero. Leyva esta suspendido por tres meses.
En un documento de siete páginas, el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota P Hernández, presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra los 25 decretos que firmó elcanciller Álvaro Leyva, cuando ya estaba suspendido por la Procuraduría por la licitación de los pasaportes.
El argumento de la demanda pide que se declare la nulidad de los decretos que firmó el ministro de Relaciones Exteriores, debido “a que carecía de competencia por la suspensión provisional que ordenó la Procuraduría General de la Nación”.
En el documento que recibió el Consejo de Estado se relata que el 24 de enero la Procuraduría suspendió por tres meses al canciller Leyva. Pero después de notificada la sanción provisional, el funcionario siguió ejerciendo su labor en la cartera y firmó 25 decretos y nombramientos.
Por eso la petición del senador Hernández es que “se suspenda provisionalmente los actos administrativos o decretos referidos, con la finalidad de preservar el ordenamiento jurídico y minimizar los perjuicios que se le puedan causar con la decisión manifiestamente ilegal, interrumpiendo la producción de sus efectos”.
Hay que recordar que entre los nombramientos esta el de José de Jong, en el Consulado General de Colombia en Lima (Perú); la cesación de funciones de Tatyana Kobzeva como cónsul honoraria de Colombia en Astaná (Kazajistan), y el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Consejo de Estado también recibió la demanda que un ciudadano, identificado como Alejandro Acosta, interpuso contra el recién nombrado embajador Benedetti. La razón es la misma: su nombramiento se dio cuando Leyva estaba suspendido.
Estas demandas se conocieron cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar inviable la demanda de nulidad que interpuso Thomas Greg & Sons por 117.000 millones de pesos contra la Cancillería, por declarar desierta la licitación de pasaportes 2023. La decisión se dio porque el Ministerio de Relaciones Exteriores revocó dicha resolución.