Por: FLIP
Rechazamos las amenazas a periodistas de Cúcuta que difundan información de la organización criminal AK 47. En un panfleto compartido el día de ayer, 23 de mayo, a través de grupos de WhatsApp y Facebook, al parecer esta banda anunció un plan pistola contra las y los periodistas de Cúcuta que informen sobre sus actividades, declarándolos como objetivos militares. En los últimos días, varios periodistas y medios de comunicación de la ciudad han compartido información relacionada con el actuar criminal de miembros de este grupo.
Esta situación es alarmante dentro de un contexto de creciente violencia en la ciudad. Durante este año, hemos documentado 23 agresiones contra periodistas, en comparación con las trece registradas durante 2023. Dentro del aumento de agresiones en Cúcuta, se registraron este año las amenazas de muerte de las que fueron víctimas algunos periodistas locales. Además, del asesinato de Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril, quien era conocido por investigar e informar asuntos de interés público en Cúcuta y Norte de Santander.
Como consecuencia del recrudecimiento de las agresiones y la ausencia de garantías y respuestas por parte de las autoridades, algunos periodistas han preferido abstenerse de publicar información relacionada con temas de seguridad, asuntos judiciales y acciones de las bandas criminales, por temor a sufrir represalias. En una misión de documentación ampliada que llevamos a cabo a principios de mayo de este año en Cúcuta, las y los periodistas locales manifestaron sentir miedo al desarrollar su trabajo, lo que ha llevado a la autocensura como un mecanismo de autoprotección. Esta situación no solo ha vulnerado el derecho a la libertad de prensa, sino que también obstaculiza el acceso a la información que debe tener la ciudadanía sobre temas de interés y de coyuntura en la ciudad.
En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de hostigamiento”. Por lo tanto, existe un deber constitucional para procurar que no se generen situaciones que vulneren los derechos de las y los periodistas y que limiten el ejercicio informativo.
Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones sobre este panfleto amenazante contra la prensa, así como de otros casos de violencia contra periodistas en la ciudad. Asimismo, instamos a la Alcaldía de Cúcuta, en articulación con la Policía Metropolitana, a que desarrollen una estrategia de prevención y protección oportuna para las y los periodistas frente a esta situación. Por último, es prioritario que la Unidad Nacional de Protección priorice los estudios de riesgo a periodistas y ajuste los esquemas de protección al elevado riesgo de los periodistas en la ciudad.