La Corte Constitucional le dio el aval constitucional a la Ley 2273 de 2022, también conocida como el Acuerdo de Escazú. Este es un acuerdo regional que busca establecer garantías a la ciudadanía para su participación en las decisiones ambientales, brindando acceso a la información y el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe. Además, busca proteger a los líderes ambientales, promover la justicia ambiental y la prevención de los conflictos sobre esa materia.
El alto tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.
La Corte señaló que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas.
Dice que la regulación: ” se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales”. Y también busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.
