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El llamado hecho por las cortes es para que los colegios del país “dialoguen y construyan herramientas de solución conjuntas que convoquen a las directivas, profesores, estudiantes y padres de familia”.

La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención a los colegios del país para proteger a los estudiantes de cualquier agresión, especialmente las de índole sexual y brindarles el apoyo junto a sus familias para superar los actos violentos de los que sean víctimas.

En este pronunciamiento, el alto tribunal recordó que los colegios deben garantizar un entorno seguro y libre de violencias para los estudiantes, pues actualmente el rendimiento académico y la disciplina dentro del colegio invisibilizan las violencias de género.

“Cuando los habitantes más jóvenes del país no pueden crecer seguros en sus hogares y escuelas, deben encenderse las alarmas de toda la sociedad y, por lo tanto, los jueces deben asumir estándares especiales de diligencia y cuidado”, advirtió la Corte.

También se resaltó en la decisión que los manuales de convivencia terminan priorizando la disciplina y no los deberes y responsabilidades de los planteles con los alumnos.

“Es necesario que los colegios, entendidos como comunidades educativas, dialoguen y construyan herramientas de solución conjuntas que convoquen a las directivas, profesores, estudiantes y padres de familia. No basta pues con expedir detallados manuales de convivencia cuando sus artículos permanecen ajenos y distantes a la realidad que viven los y las estudiantes”, agregan.

El llamado lo hizo la Corte al conocer el caso de dos estudiantes que fueron víctimas de diferentes formas de violencia de género, tanto al interior como fuera de sus instituciones educativas. Por estos hechos, las jóvenes vieron afectadas su vida académica y personal, sin embargo, los colegios permanecieron indiferentes y las jóvenes se vieron forzadas a cambiar de institución educativa.

“Los colegios no desplegaron con debida diligencia acciones contundentes para, desde un enfoque de género, investigar, contrarrestar y eliminar la violencia sexual ejercida contra las estudiantes. Tampoco implementaron mecanismos para reparar y contrarrestar los efectos derivados de dicha violencia en su desempeño académico y dentro de la comunidad educativa”, indicó el alto tribunal.

Ante estos hechos, la Corte Constitucional les ordenó a los colegios demandados que convoquen y organicen espacios seguros, amplios y participativos de discusión interna sobre las conductas que afectan la convivencia escolar, especialmente las violencias basadas en género. A partir de estas consideraciones, las instituciones deberán ajustar sus manuales de convivencia.

De hecho, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado a 191 funcionarios, entre docentes y administrativos por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país, además el Ministerio Público, cuenta con 237 procesos activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad.

“La mayoría de los procesos que se encuentran en curso son por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años cometidos presuntamente por docentes, que, en algunos casos, aún siguen dictando clases o continúan vinculados a la institución”, explicó el ente de control.

Finalmente, el Ministerio Público también informó que tras visitar 181 instituciones educativas el pasado 29 de abril, encontraron 698 casos de acoso escolar/bullying, 171 situaciones de ciberacoso y 179 de violencia sexual.

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